Otros factores que podrían contribuir a la rentabilidad de una inversión ecoturística

Sistemas de certificación: las experiencias de los sistemas de certificación de vanguardia se puede citar en primer lugar a Australia, así como Estados Unidos y Europa, también Perú y Costa Rica comenzaron con esta iniciativa. El ejemplo es VISIT, una iniciativa europea conjunta para la promoción de ecoetiquetas y el desarrollo del turismo sostenible. Cada ecoetiqueta, con sus implícitas exigencias a hoteles u otras instalaciones turísticas, debe contribuir a una mayor calidad medioambiental y al mantenimiento de una naturaleza intacta en los lugares de destino. La certificación debería tener en cuenta aspectos sociales, económicos y culturales, además de ambientales. Deben añadirse aspectos culturales.

Subvenciones para la Planificación y Gestión: crear instrumentos para facilitar la planificación y gestión del ecoturismo (por ejemplo, la planificación apropiada de la gestión de las tierras y técnicas de gestión del turismo receptor). Proporcionar los fondos adecuados y apropiados para subvencionar proyectos, zonas protegidas y asociaciones.

Mecanismos legales sobre propiedad de la tierra: una cuestión especialmente importante, es la necesidad de identificar la propiedad de las tierras. A los pueblos indígenas les resultará difícil, e incluso imposible, desarrollar un ecoturismo sobre un terreno y con instalaciones si no son capaces de establecer antes los derechos sobre la tierra. Habrá que poner en marcha mecanismos legales que establezcan y registren los derechos sobre la tierra.

Marcos institucionales necesarios: garantizar la coordinación entre los ministerios estatales para la planificación y reglamentación del ecoturismo. Establecer un marco de cooperación entre las organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales. Asegurar que las instituciones comprenden las diferentes dimensiones del turismo y ecoturismo sostenibles. Condiciones reglamentarias aseguran que los acuerdos sobre gestión de recursos son establecidos entre el Estado y los turoperadores que actúan dentro del ámbito previsto en el acuerdo, a los fines de preservar las zonas naturales de gran valor turístico.